Valle de los Caídos… Damnatio Memoriae

En la antigüedad  cuando una persona, un estado o una organización eran condenados  se le sometía al rito de la “Damnatio Memoriae”, o lo que es lo mismo a eliminar cualquier cosa que recordase al condenado.  Hacer como si el condenado jamás hubiera existido.

A lo largo de la historia se ha seguido aplicando con las naturales divergencias con respecto a los modelos clásicos.  En cada época la damnatio se ha aplicado de manera distinta, pero siempre se ha aplicado.

En España a raíz de la conocida como Ley de Memoria Histórica se ha sugerido que posiblemente estemos ante una nueva “Damnatio Memoriae”, que abarcaría los símbolos del periodo  de la dictadura franquista (1936/39 -1975/77). La simbología franquista  está aun presente en muchos lugares de este país, dado que los responsables de la propaganda franquista los usó de manera profusa y omnipresente en cada ciudad y pueblo de España.

Sin lugar a dudas el símbolo por excelencia del franquismo es el infame “Valle de los Caídos” (inaugurado oficialmente en 1959) donde por el momento reposan los restos del dictador por obra y gracia del último gobierno de la dictadura (1973-1976, Presidido por Carlos Arias Navarro) junto a miles de personas enterradas allí, la mayoría,  sin su consentimiento.

Muchas de estas personas murieron durante los trabajos forzosos de construcción del monumento.  Muchas de las personas fueron inhumadas de cualquier manera en grandes osarios  y en lugares de enterramiento sin identificar.

El ordenamiento jurídico de este faraónico monumento es todo un galimatías que solo unos pocos especialistas sabrán cómo resolver y no morir en el intento.

El decreto que autoriza la construcción fue: Decreto de 1 de abril de 1940, cuyo título reza lo siguiente: “disponiendo se alcen basílica, monasterio y cuartel de juventudes, en la finca situada en las vertientes de la sierra de Guadarrama (el Escorial) conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada”

La finca en cuestión se denominaba anteriormente como finca “Pinar de Cuelga-Moros” (1.377 Has. De superficie) que perteneció en su día al primer y único Marqués Pontificio de Muñiz, D.  Gabriel de Padierna y Villapadierna Erice, hasta 1932 lo usó como coto de caza particular.  Durante la II república la finca fue expropiada por el estado, permaneciendo en 1940 en propiedad aun del estado. El Marqués y su descendencia fueron víctimas de la Guerra Civil, siendo ejecutados en 1936 (Victima nacional).  Sin uso, se decidió por su cercanía a El Escorial y existir un buen acceso, usarlo como espacio para la construcción de este memorial.

En el tenor del texto del decreto fundacional explica exactamente para que se hiciera:

“La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios glorioso de sus hijos.

Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos que desafíen al tiempo y al olvido y constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.
A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos que, por los siglos, se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires del Cruzada”.

La “Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”  fue construida entre 1942 y 1959 por los arquitectos Pedro de Muguruza y Diego Méndez, ambos se presentaron al concurso público creado al efecto. Su propuesta fue la elegida por el gobierno.  

La abadía en lo que a la administración  del monumento se refiere depende de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Creada por Decreto - Ley en 1957), dependiente de Patrimonio Nacional (organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia) en base a lo estipulado en la Disposición final 3º de la Ley 23/1982 de 16 de junio.

Desde 1982 está pendiente, conforme determina dicha norma legal, establecer una nueva regulación del monumento acorde con el ordenamiento jurídico vigente en la actualidad. Se prevé que dicho monumento quedará inscrito como bien de Patrimonio del Estado.  La no regulación desde entonces ha dejado en una especie de “limbo” jurídico al monumento.

En lo tocante al culto, desde 1957 la Fundación firmó un convenio con el Arzobispado de Madrid para regular lo tocante al culto ordinario y/o extraordinario en la basílica, al tiempo que se regulaba igualmente otros servicios destinados a atender a visitantes y peregrinos. La Iglesia católica consideró en su origen la abadía del Valle de los Caídos, como una basílica martirial, destinada a honrar a los mártires de la guerra civil (concebida como cruzada por el denominado bando nacional).

La abadía fue puesta bajo la dirección espiritual de la Orden Benedictina, algunos monjes de la orden se trasladaron desde el Monasterio de Silos (Burgos), al nuevo monasterio anejo a la basílica. Desde 1958 prestan sus servicios religiosos a visitantes y peregrinos.  Mantienen abierta una Hospedería abierta y algunos pequeños negocios turísticos (cafetería, tienda de recuerdos, visitas guiadas…) para autofinanciarse.

Tras la muerte de Francisco Franco Bahamonde en 1975 se planteó desde algunos grupos políticos la necesidad de replantear el monumento. En la naciente democracia se pretendía que aquel lugar no se convirtiera en lugar de peregrinación de nostálgicos del franquismo. Se imponía buscar soluciones y las hubo de todos los colores.

En varias ocasiones se le ha querido “meter mano” al asunto, pero siempre había reticencias en muchos frentes. El Prior de la Abadía se negaba a la exhumación de ningún resto al considerarlo una profanación por parte de las autoridades estatales.  El Arzobispado de Madrid durante la “Era Rouco” (1994-2014) también se negaba por considerar que dichas exhumaciones, a su juicio interesadas, equivalían a remover el pasado y al mismo tiempo podía generar  nuevos conflictos.  

En cuanto al gobierno, los gobiernos conservador-liberales han apostado por mantener el Status Quo  y no someter a debate la cuestión. Los gobiernos socialistas, promotores de la Ley de Memoria Histórica, han apostado por dar un paso más en la normalización jurídica, política y social de este monumento con mayor o menor éxito.

La situación es bastante complicada si lo que se pretende es la exhumación de cadáveres (incluido el de Franco) y la eliminación de todos los símbolos vinculados al régimen franquista y a la figura de Franco.

La familia del dictador ha emitido su parecer, vía notaría, de no autorizar la exhumación de Francisco Franco Bahamonde y de no recepción de sus restos en el caso que el estado lo haga sin su consentimiento (Amenazan con llevar al estado a juicio por profanación de tumba). Alegan problemas de seguridad de la futura tumba. La Fundación Francisco Franco alega que un Jefe de Estado no puede ser enterrado en una tumba sencilla, requiere una mayor solemnidad.

La iglesia madrileña con su arzobispo al frente se mantiene en zona neutra a la espera de lo que decidan la familia y el estado. El prior de la abadía mantiene su negativa a la exhumación y en todo caso  se pone bajo órdenes superiores del provincial de la orden.

Jurídicamente la razón legal la tiene, hoy por hoy, el estado en tanto propietario del monumento. Pero la tumba de Franco está dentro de la Basílica, que es competencia de la Orden Benedictina, sobre la que ni el gobierno, ni la iglesia madrileña tiene competencias para poder intervenir en el interior de la basílica (acuerdos Estado-Santa Sede / convenio Fundación-Arzobispado) salvo casos de urgencia.

Pero a su vez el provincial de la orden Benedictina al estar su sede ubicada en Francia, no tiene competencias para intervenir en el asunto, porque generaría un conflicto entre países (injerencias) y a su vez de ambos países con la iglesia universal (Santa Sede y su relación con los estados).

Sólo entonces quedaría apelar al Papa Francisco I para que mediara en el asunto y  de alguna forma tratase de desbloquear la obligatoriedad eclesiástica en el cumplimiento de la ley española y en consecuencia se supone debería dar facilidades eclesiásticas para que Franco pudiera ser exhumado, aun sin el consentimiento de sus familiares.  

Pero esta cuestión tampoco tiene visos que pudiera producirse a corto plazo, a fin de cuentas para la Iglesia Católica, Franco como persona individual, era un fiel católico bautizado y por tanto con los mismos derechos que cualquier otro católico en lo que a la inviolabilidad de su tumba o no profanación de la misma se refiere.

Hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas funcionan en el seno de la iglesia Católica como organizaciones eclesiásticas independientes conforme a sus propios estatutos. Solo el Papa está por encima de la orden y aun así su poder está limitado por normas eclesiásticas. El Arzobispo puede apelar al prior atendiendo a la colaboración entre entidades de la Iglesia Católica; pero no puede ordenarle que autorice la exhumación puesto que no es su superior jerárquico.

Si a ello añadimos ya en el plano civil, la tradicional disputa ideológica y política por la memoria histórica de los españoles en todo lo referente a la república, guerra civil y dictadura  la solución a este espinoso conflicto de intereses está lejos de solución a corto plazo, como pretende, a priori, el gobierno.

Se impone una tramitación quizás más pausada como ha quedado de manifiesto recientemente. Pero  creo que  se va en la buena dirección. La iglesia madrileña está dispuesta a mediar y la mayoría de los partidos consideran que hay que meter mano en el asunto para solucionarlo de una vez y para siempre. Cada uno desde su posición en el tablero de juego, pero todos en la misma dirección.

En España aún quedan inexplicablemente nostálgicos del pasado, tanto de “derechas” como de “izquierdas” por igual. Parece que la maldición de la guerra civil española y del mito de las dos Españas, persiste en las conciencias de los españoles como una pesadilla recurrente e  interminable.

Aplicar la “Damnatio Memoriae” a las zonas grises de la república, a la crueldad de la guerra y a la infame dictadura sería un buen ejercicio de democracia en todo el sentido de la palabra. Para avanzar como país desarrollado y como la cuarta potencia europea que somos, en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos, necesitamos cerrar  cuanto antes las heridas del pasado y no seguir alimentando más los argumentarios hirientes de aquellos que desearían vivir en el pasado, simplemente porque no les gusta el presente democrático.