"Cuestión Catalana" .... 3º Acto: el "Seny"
En 1923 el
Capitán General de Cataluña se dirigió a San Sebastián, donde la corte
de Alfonso XIII veraneaba, a solicitar audiencia con el monarca. Le solicitó
declarar el estado de sitio en Cataluña para poner orden en la región
catalana. La situación del momento hizo
que el monarca ante la falta de lealtad política de la clase dirigente, aceptase
la petición del general. Hizo extensiva la declaración a toda España.
Con esta declaración se activó
una norma que obligaba a suspender cautelarmente, en teoría por tiempo definido,
el orden constitucional (Constitución de 1876) en lo referente a derechos y
libertades de los ciudadanos y a la suspensión del régimen parlamentario. La acción política se militarizaba y se
constituía una junta de defensa o directorio militar en lugar del gobierno
electo. Todo el poder cívico y militar
se concentraba en la persona del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
(1870 - 1930).
Lo que había dado lugar a esta
precipitación de acontecimientos fue una concatenación de causas que derivaban
de la crisis económica que había sufrido el país, especialmente Cataluña, desde 1917. Con la crisis posbélica de 1917
se puso fin al antiguo régimen para dar paso a un nuevo régimen aún por
definir.
El régimen asimétrico liberal,
enfundado en un pujante capitalismo empresarial, coaligado a su vez con una
clase política inmovilista, corrupta, pedante y decadente había ahondado en la
crisis la brecha entre ricos y pobres. La
acción sindical era la herramienta e instrumento necesario para avanzar en el
nuevo régimen por parte de las clases trabajadoras y por parte de las familias afectadas
directamente por la crisis.
La CNT, la UGT, Solidaritat
Catalana, los partidos de izquierdas “moderados
y revolucionarios”, grupos anarcosindicalistas y antisistemas,
protagonizaron en 1922, tras el “desastre
de Annual”, una nueva huelga general no declarada en toda Cataluña. Las huelgas de entonces no estaban reguladas y
la acción política se orientaba generalmente hacia la represión; primero con
medios policiales (“guardias urbanos”
embrionarios en la época) y después con el ejército y la guardia civil (unidad militar
en esta época). Las huelgas de entonces paralizaban la economía ante la inexistencia
de servicios mínimos regulados y acordados.
A nivel político los partidos que
se habían turnado en el gobierno se encontraban en la tesitura de tener que
enfrentar problemas nuevos, con instrumentos antiguos. Estos dos partidos: Partido Liberal Conservador y Partido Liberal Progresista se encontraban
en franca decadencia en 1923.
Su “cantera” de jóvenes se había ido hacia las nuevas formaciones surgidas
a derechas e izquierdas. El envejecimiento sociológico en estos partidos era la
tónica. La financiación de estos dos partidos era escasa con lo que disponían
de escaso crédito para propaganda política o desarrollo de actividades que
atrajeran nuevos asociados. Por otra parte, la nueva escena pluripartidista
dejaba sin efecto el bipartidismo de facto existente desde 1876. Cada vez les
resultaba más difícil conseguir mayorías suficientes para conservar el poder.
Las ideas se habían quedado
obsoletas ante el nuevo siglo y la nueva política. Las ideas comunes liberales
habían hecho resurgir el unionismo liberal como tabla de salvación ante su
hundimiento; pero este unionismo tenía escaso encaje en el nuevo escenario
político en el que predominaban las opciones de izquierdas republicanas,
socialistas y revolucionarias. Ante la crisis se vieron incapaces de reaccionar
y de buscar soluciones a los numerosos problemas por los que las familias
españolas estaban pasando en aquellos momentos.
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja
trató, desde su posición unionista liberal y de su pensamiento regeneracionista
conservador, buscar solución a los problemas sociales, económicos,
institucionales y sobre todo a la espinosa “cuestión
catalana” que era la clave para entender el nuevo régimen de la dictadura.
En Cataluña tenía un gran
problema. Era la región de España donde la industrialización había triunfado de
manera positiva para el empresariado catalán y español. La burguesía catalana
controlaba el poder local y presionaba
en Madrid para ostentar la representación regional.
En esta época se buscaba, por
parte de la burguesía, para Cataluña un mayor autogobierno, la restauración del
histórico régimen foral y una cierta autonomía regional para tratar sus propios
asuntos. El historicismo que inundó la época, unido a los ideales regeneracionistas
progresistas; posibilitó que el autonomismo o regionalismo político cobrara
fuerza desde principios del siglo XX.
Los catalanistas autonomistas se unieron a los socialistas moderados que
comenzaban a alejarse del marxismo de base obrera (tras la ruptura con la III
Internacional). Como compañeros incómodos de viaje tenían a los anarquistas nacionalistas
del sindicato Solidaritat Catalana y
a un recién nacido PCE (fund.1921). Que si bien estaban en las antípodas de su
pensamiento político común (“republicanismo
sin adjetivos”), eran necesarios para movilizar a la calle, a los
sindicatos y a las plantillas de trabajadores
en los centros fabriles y en el campo.
La economía evidentemente se unía
al sentimiento foralista catalán. En una época de crisis, la burguesía catalana
pretendía evitar la fuga de capitales, de inversores y la ruina de sus
empresas. El despido masivo de trabajadores y los recortes en los costes de producción
fueron sus medidas profilácticas para
evitar el desastre. Sin embargo estas medidas alimentaban la contestación
social y política en Cataluña hasta degenerar en un levantamiento
prerrevolucionario.
El resultado fue una dictadura
que sobrevivió gracias a un ciclo alcista de la economía y a un programa de
obras públicas expansivo que generó empleo masivo. Sin embargo, la crisis
institucional con el mantenimiento de la
dictadura comenzaba a deteriorar la ya
fraccionada sociedad española. El “nuevo orden corporativo” impuesto por
Primo de Rivera no acababa de cuajar. Los vanos intentos del dictador por
incorporar a su proyecto a los socialistas (PSOE) y republicanos moderados,
solo empeoraron aun más la situación.
La crisis de 1929 se llevó por
delante la dictadura con la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930.
Su sustituto Dámaso Berenguer no hizo sino certificar la muerte de la dictadura
y poner las bases para un restablecimiento del orden constitucional de forma
limitada. Aunque a estas alturas, estaba claro que España necesitaba una nueva
constitución (en la que se preveía ya el “encaje
de Cataluña en España” para evitar los conatos independentistas de las
fuerzas nacionalistas catalanas).
El resultado de aquella
experiencia fue la II República Española (1931-1936), la subsiguiente Guerra
Civil (1936-1939) y la nueva dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Un ciclo histórico de inestabilidad política que puso sobre la mesa las
carencias en materia económica, social y política que por entonces presentaba España.
Pasado el tiempo y teniendo en
cuenta la diferencia de contexto histórico, veo cierto paralelismo entre las
reivindicaciones de ayer y las de hoy.
Parece que el tiempo no ha pasado, parece que el problema catalán persiste
sin solución. La “cuestión catalana”
sigue siendo hoy el centro del debate político, el monotema como alguno lo ha
mencionado.
Las posiciones políticas de los
actores de 1923 eran muy parecidas a las actuales de 2017. Si además de las de PSOE,
PCE y ERC que ya existían en 1923; añadimos al PP como heredero natural del
Partido Liberal Conservador; a CS y PDCAT
como adoptantes de las tesis del Partido Liberal Progresista y del catalanismo
autonomista de 1923; a Podemos como
sucesor de los sindicatos de 1923 y la Solidaritat Catalana de 1923 como la actual
CUP, podemos entender como por desgracia la historia se repite una y otra vez.
Si se repite, es porque la “cuestión catalana” nunca se ha resuelto
de manera satisfactoria para ambas partes. Primo de Rivera trató de solucionarlo por la
vía policial-militar, la república por la vía del toma y daca (vía política y económica), Franco
optó por ignorarla ante la falta de ideas factibles y en todo caso estaba operativa
la vía represiva desarrollada, por desgracia, magistralmente por el régimen;
finalmente durante la transición se estuvo
jugando al ratón y al gato sin llegar a nada. Finalmente
el ratón se hizo amigo del gato y juntos, se dedicaron a perseguir a los
perros.
Tras el “proces”
y la DUI, ¿Ahora qué? Desde la
perspectiva constitucionalista española se justifica la aplicación del 155 como
fórmula idónea para restablecer el orden constitucional de forma temporal en
Cataluña. Por parte nacionalista catalana la aplicación de dicho artículo
reduce a Cataluña a la condición de colonia de España y eso para el sentimiento
catalanista (independentista y no independentista) es interpretado como “humillante” y desproporcionado.
A mi juicio creo que la cuestión catalana actual comenzó con una toma y daca en materia
fiscal ante las últimas oleadas de la crisis de 2008. Tú no me das más dinero,
yo te echo a la calle a los levantiscos y te obligo a subirme la paga. Algo que
desde tiempos de convergencia siempre se ha hecho (incluido el 3% que es casi
un dogma en la clase política de Cataluña).
Pero ambos partidos que podían
enarbolar la bandera nacionalista, son en realidad partidos de oficina. Sus
principales asociados pertenecen a la burguesía catalana (a la gran burguesía en
el PDCAT y a la pequeña burguesía en ERC) y por tanto no son muy dados a mancharse sus impolutos
trajes.
A quiénes usamos como peones en
este ajedrez se preguntaron: a la CUP, que para eso están: para crear confusión
y desorden. La ambigüedad y heterogeneidad de Unidos Podemos (primera
opción) no acabó de gustarles, por lo
que se ignoraron sus proclamas pseudonacionalistas. Aun así, mantuvieron un
canal abierto a través de ERC y la franquicia catalana de Podemos: En Comú
Podem.
El problema es que la situación
ha marchado in crescendo hasta llegar a un punto de no retorno. Se ha tensado tanto la cuerda por la tozudez
de ambos mandatarios (Rajoy y Puigdemont) que al final se ha roto, emborronándolo
todo. Don erre que erre - con perdón de
Paco Martínez Soria, q.e.p.d. - vuelve a la escena.
La idea del 155 para poner orden
y concierto no es mala, siempre y cuando se pongan límites a su ejecución (Es
decir que funcione como una comisión gestora de la comunidad autónoma de
Cataluña, a la espera de convocar nuevas elecciones autonómicas). El
intervencionismo político y económico de España en Cataluña debe ser temporal o
de lo contrario provocará un efecto llamada a otros nacionalismos periféricos como el vasco o el gallego (y a otros
nacionalismos en el contexto de la Unión Europea, algo que desde la Comisión
tratan de conjurar con apoyo sin condiciones a Rajoy, de 27 miembros a 98, casí
ná).
Por otra parte, si se es demasiado
contundente en la medida; podría hacer surgir una resistencia catalanista cuya
deriva, podría generar la aparición de organizaciones terroristas de corte
nacionalista tipo ETA. O algo peor, una
confrontación generalizada extendida a toda España.
Creo que aunque la normativa
implique al Senado como cámara territorial, es preciso que cuente, a mi juicio,
con el respaldo en el Congreso de al menos la mayoría de los grupos. De esta forma
evitaríamos las derivas autoritarias del PP cuando suele tener mayoría absoluta
(Caso en el Senado en la actualidad). Hay que poner fecha límite para la
intervención y durante el tiempo de intervención se ha de respetar el orden
constitucional vigente y los derechos humanos de todos los ciudadanos catalanes
sean o no independentistas.
La llamada a una reforma
constitucional es necesaria y conveniente ante la situación creada. Yo esperaría, no obstante, a la restauración del orden para que en dicha
comisión preparatoria hubiera representación catalana y de todos los partidos
del congreso.
La constitución o es consensuada,
o no es una constitución democrática. Si
queremos una España en la que todos nos sintámonos cómodos para los próximos 40
años debemos tener en cuenta la opinión
de todos los actores sociales, políticos y de la ciudadanía en el ejercicio de
su soberanía.
En cuanto a las elecciones yo
sinceramente no acabo de verlo por el momento. Ahora estaría muy polarizada y
al igual que las municipales de 1931, se crearía una sensación de elección plebiscitaria,
que a efectos políticos sería como reeditar legalmente el 1-O, cuestión esta
que sería rentabilizada por los independentistas a su favor.
Por otra parte supongamos que se
celebran y ganan los independentistas con una holgada mayoría de votos y
escaños. ¿Qué hace el gobierno de España
entonces? Porque legalmente no puede derribar a las nuevas autoridades
electas surgidas de unas teóricas elecciones autonómicas legales. No me parece factible esta estrategia. No es una
buena estrategia en estos momentos. Yo esperaría
a que se calmen las aguas y mientras se debería restaurar el orden social,
psicológico y de convivencia en la región.
Vista la correlación de fuerzas políticas
catalanas ante unas hipotéticas elecciones autonómicas, en mi opinión y a modo
de hipótesis, la oposición
constitucionalista tendría muy pocas posibilidades de obtener el Govern de Cataluña
en estos momentos, a menos que suba el voto en el PSC y obtenga la mayoría de
escaños Ciudadanos. El PP en este caso, sería el compañero incómodo de viaje
(de Ciudadanos) dado que habitualmente no suele tener mucho apoyo en Cataluña y
posiblemente sus posibilidades serían aun menores tras el procés. La llave de los
constitucionalistas en Cataluña la tiene Ciudadanos.
En el ámbito nacionalista es
posible que aumente la bancada de ERC (por aportes de En Comú Podem) y baje la
del PDCAT (posible fuga de votos hacia Ciudadanos). La CUP posiblemente
desaparecerá o será un grupo minoritario dado el nulo deseo de volver a
reeditar la alianza independentista del proces con PDCAT y ERC. Nada, según su
propaganda, justifica ya su presencia en
el Parlament. En Comú Podem (Unidos Podemos)
seguirá en su ambigüedad estratégica manteniendo posiblemente los escaños (posible
aporte de votos de la CUP) aunque más escorado en esta nueva etapa hacia una
posible alianza con ERC en busca de réditos políticos en el Congreso.
Aunque los constitucionalistas no
ganasen el Govern, las tesis secesionistas se irán desinflando, salvo en la CUP
que volverán a las calles como movimiento socio-político abandonando progresivamente
la vía de partido. Las tesis catalanistas políticas regresarán posiblemente al
punto de partida, reestructurando la relación Estado-Comunidad con políticas favorables
a lograr una mayor autonomía para Cataluña (posiblemente por la vía federal) en la futura comisión de reforma
constitucional.
Por ahora el patio está revuelto
y es difícil tener clarividencia de lo
que va a suceder. Todo son conjeturas e hipótesis, pero mientras tanto
tenemos a una comunidad autónoma
paralizada institucionalmente, bloqueada políticamente, económicamente en caída
libre y socialmente fracturada sine die.
Es fácil buscar
culpables, lo difícil es buscar soluciones. Continuará…
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