"Cuestión Catalana" .... 3º Acto: el "Seny"





En 1923 el  Capitán General de Cataluña se dirigió a San Sebastián, donde la corte de Alfonso XIII veraneaba, a solicitar audiencia con el monarca. Le solicitó declarar el estado de sitio en Cataluña para poner orden en la región catalana.  La situación del momento hizo que el monarca ante la falta de lealtad política de la clase dirigente, aceptase la petición del general. Hizo extensiva la declaración a toda España.

Con esta declaración se activó una norma que obligaba a suspender cautelarmente, en teoría por tiempo definido, el orden constitucional (Constitución de 1876) en lo referente a derechos y libertades de los ciudadanos y a la suspensión del régimen parlamentario.  La acción política se militarizaba y se constituía una junta de defensa o directorio militar en lugar del gobierno electo.  Todo el poder cívico y militar se concentraba en la persona del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870 - 1930).

Lo que había dado lugar a esta precipitación de acontecimientos fue una concatenación de causas que derivaban de la crisis económica que había sufrido el país, especialmente Cataluña,  desde 1917. Con la crisis posbélica de 1917 se puso fin al antiguo régimen para dar paso a un nuevo régimen aún por definir.  

El régimen asimétrico liberal, enfundado en un pujante capitalismo empresarial, coaligado a su vez con una clase política inmovilista, corrupta, pedante y decadente había ahondado en la crisis la brecha entre ricos y pobres.  La acción sindical era la herramienta e instrumento necesario para avanzar en el nuevo régimen por parte de las clases trabajadoras y por parte de las familias afectadas directamente por la crisis.

La CNT, la UGT, Solidaritat Catalana, los partidos de izquierdas “moderados y revolucionarios”, grupos anarcosindicalistas y antisistemas, protagonizaron en 1922, tras el “desastre de Annual”, una nueva huelga general no declarada en toda Cataluña.  Las huelgas de entonces no estaban reguladas y la acción política se orientaba generalmente hacia la represión; primero con medios policiales (“guardias urbanos” embrionarios en la época) y después con el ejército y la guardia civil (unidad militar en esta época). Las huelgas de entonces paralizaban la economía ante la inexistencia de servicios mínimos regulados y acordados.

A nivel político los partidos que se habían turnado en el gobierno se encontraban en la tesitura de tener que enfrentar problemas nuevos, con instrumentos antiguos.  Estos dos partidos: Partido Liberal Conservador y Partido Liberal Progresista se encontraban en franca decadencia en 1923.

Su “cantera” de jóvenes se había ido hacia las nuevas formaciones surgidas a derechas e izquierdas. El envejecimiento sociológico en estos partidos era la tónica. La financiación de estos dos partidos era escasa con lo que disponían de escaso crédito para propaganda política o desarrollo de actividades que atrajeran nuevos asociados. Por otra parte, la nueva escena pluripartidista dejaba sin efecto el bipartidismo de facto existente desde 1876. Cada vez les resultaba más difícil conseguir mayorías suficientes para conservar el poder.  

Las ideas se habían quedado obsoletas ante el nuevo siglo y la nueva política. Las ideas comunes liberales habían hecho resurgir el unionismo liberal como tabla de salvación ante su hundimiento; pero este unionismo tenía escaso encaje en el nuevo escenario político en el que predominaban las opciones de izquierdas republicanas, socialistas y revolucionarias. Ante la crisis se vieron incapaces de reaccionar y de buscar soluciones a los numerosos problemas por los que las familias españolas estaban pasando en aquellos momentos.

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja trató, desde su posición unionista liberal y de su pensamiento regeneracionista conservador, buscar solución a los problemas sociales, económicos, institucionales y sobre todo a la espinosa “cuestión catalana” que era la clave para entender el nuevo régimen de la dictadura.  

En Cataluña tenía un gran problema. Era la región de España donde la industrialización había triunfado de manera positiva para el empresariado catalán y español. La burguesía catalana controlaba el poder local  y presionaba en Madrid para ostentar la representación regional.

En esta época se buscaba, por parte de la burguesía, para Cataluña un mayor autogobierno, la restauración del histórico régimen foral y una cierta autonomía regional para tratar sus propios asuntos. El historicismo que inundó la época, unido a los ideales regeneracionistas progresistas; posibilitó que el autonomismo o regionalismo político cobrara fuerza desde principios del siglo XX.

Los catalanistas autonomistas  se unieron a los socialistas moderados que comenzaban a alejarse del marxismo de base obrera (tras la ruptura con la III Internacional). Como compañeros incómodos de viaje tenían a los anarquistas nacionalistas del sindicato Solidaritat Catalana y a un recién nacido PCE (fund.1921). Que si bien estaban en las antípodas de su pensamiento político común (“republicanismo sin adjetivos”), eran necesarios para movilizar a la calle, a los sindicatos  y a las plantillas de trabajadores en los centros fabriles y en el campo.

La economía evidentemente se unía al sentimiento foralista catalán. En una época de crisis, la burguesía catalana pretendía evitar la fuga de capitales, de inversores y la ruina de sus empresas. El despido masivo de trabajadores y los recortes en los costes de producción  fueron sus medidas profilácticas para evitar el desastre. Sin embargo estas medidas alimentaban la contestación social y política en Cataluña hasta degenerar en un levantamiento prerrevolucionario.

El resultado fue una dictadura que sobrevivió gracias a un ciclo alcista de la economía y a un programa de obras públicas expansivo que generó empleo masivo. Sin embargo, la crisis institucional  con el mantenimiento de la dictadura  comenzaba a deteriorar la ya fraccionada sociedad española.  El “nuevo orden corporativo” impuesto por Primo de Rivera no acababa de cuajar. Los vanos intentos del dictador por incorporar a su proyecto a los socialistas (PSOE) y republicanos moderados, solo empeoraron aun más la situación.
  
La crisis de 1929 se llevó por delante la dictadura con la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930. Su sustituto Dámaso Berenguer no hizo sino certificar la muerte de la dictadura y poner las bases para un restablecimiento del orden constitucional de forma limitada. Aunque a estas alturas, estaba claro que España necesitaba una nueva constitución (en la que se preveía ya el “encaje de Cataluña en España” para evitar los conatos independentistas de las fuerzas nacionalistas catalanas).

El resultado de aquella experiencia fue la II República Española (1931-1936), la subsiguiente Guerra Civil (1936-1939) y la nueva dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). Un ciclo histórico de inestabilidad política que puso sobre la mesa las carencias en materia económica, social y política que por entonces presentaba España.

Pasado el tiempo y teniendo en cuenta la diferencia de contexto histórico, veo cierto paralelismo entre las reivindicaciones de ayer y las de hoy.  Parece que el tiempo no ha pasado, parece que el problema catalán persiste sin solución. La “cuestión catalana” sigue siendo hoy el centro del debate político, el monotema como alguno lo ha mencionado.

Las posiciones políticas de los actores de 1923 eran muy parecidas a las actuales de 2017. Si además de las de PSOE, PCE y ERC que ya existían en 1923; añadimos al PP como heredero natural del Partido Liberal Conservador;  a CS y PDCAT como adoptantes de las tesis del Partido Liberal Progresista y del catalanismo autonomista de 1923;  a Podemos como sucesor de los sindicatos de 1923 y la  Solidaritat Catalana de 1923 como la actual CUP, podemos entender como por desgracia la historia se repite una y otra vez.

Si se repite, es porque la “cuestión catalana” nunca se ha resuelto de manera satisfactoria para ambas partes.  Primo de Rivera trató de solucionarlo por la vía policial-militar, la república por la vía del  toma y daca (vía política y económica), Franco optó por ignorarla ante la falta de ideas factibles y en todo caso estaba operativa la vía represiva desarrollada, por desgracia, magistralmente por el régimen; finalmente durante la transición  se estuvo jugando al ratón y al gato sin llegar a nada.   Finalmente el ratón se hizo amigo del gato y juntos, se dedicaron a perseguir a los perros.

 Tras el “proces” y la DUI, ¿Ahora qué?  Desde la perspectiva constitucionalista española se justifica la aplicación del 155 como fórmula idónea para restablecer el orden constitucional de forma temporal en Cataluña. Por parte nacionalista catalana la aplicación de dicho artículo reduce a Cataluña a la condición de colonia de España y eso para el sentimiento catalanista (independentista y no independentista)  es interpretado como “humillante” y desproporcionado.

 A mi juicio creo que la cuestión catalana  actual comenzó con una toma y daca en materia fiscal ante las últimas oleadas de la crisis de 2008. Tú no me das más dinero, yo te echo a la calle a los levantiscos y te obligo a subirme la paga. Algo que desde tiempos de convergencia siempre se ha hecho (incluido el 3% que es casi un dogma en la clase política de Cataluña).   

 La nueva convergencia o PDCAT  en el fondo lo que buscaba era más dinero para cubrir la demanda de inversores, corruptores y recaudadores de su red corporativa, algo afectada por la crisis de 2008.  Para ello buscó aliados. Lo intentó con el PSOE pero este estaba en crisis existencial como para abrir el melón de Cataluña (y con sus socios catalanistas del PSC); habló con ERC, que no era en origen independentista, y le pareció bien siempre y cuando cayera algo en los bolsillos de ERC (el negocio ante todo, aunque sea un tópico).

Pero ambos partidos que podían enarbolar la bandera nacionalista, son en realidad partidos de oficina. Sus principales asociados pertenecen a la burguesía catalana (a la gran burguesía en el PDCAT y a la pequeña burguesía en ERC)  y por tanto no son muy dados a mancharse sus impolutos trajes.

A quiénes usamos como peones en este ajedrez se preguntaron: a la CUP, que para eso están: para crear confusión y desorden. La ambigüedad y heterogeneidad de Unidos Podemos (primera opción)  no acabó de gustarles, por lo que se ignoraron sus proclamas pseudonacionalistas. Aun así, mantuvieron un canal abierto a través de ERC y la franquicia catalana de Podemos: En Comú Podem.
El problema es que la situación ha marchado in crescendo hasta llegar a un punto de no retorno.  Se ha tensado tanto la cuerda por la tozudez de ambos mandatarios (Rajoy y Puigdemont) que al final se ha roto, emborronándolo todo. Don erre que erre  - con perdón de Paco Martínez Soria, q.e.p.d. - vuelve a la escena.

La idea del 155 para poner orden y concierto no es mala, siempre y cuando se pongan límites a su ejecución (Es decir que funcione como una comisión gestora de la comunidad autónoma de Cataluña, a la espera de convocar nuevas elecciones autonómicas). El intervencionismo político y económico de España en Cataluña debe ser temporal o de lo contrario provocará un efecto llamada a otros nacionalismos periféricos  como el vasco o el gallego (y a otros nacionalismos en el contexto de la Unión Europea, algo que desde la Comisión tratan de conjurar con apoyo sin condiciones a Rajoy, de 27 miembros a 98, casí ná).

Por otra parte, si se es demasiado contundente en la medida; podría hacer surgir una resistencia catalanista cuya deriva, podría generar la aparición de organizaciones terroristas de corte nacionalista tipo ETA.  O algo peor, una confrontación generalizada extendida a toda España.  

Creo que aunque la normativa implique al Senado como cámara territorial, es preciso que cuente, a mi juicio, con el respaldo en el Congreso de al menos la mayoría de los grupos. De esta forma evitaríamos las derivas autoritarias del PP cuando suele tener mayoría absoluta (Caso en el Senado en la actualidad).  Hay que poner fecha límite para la intervención y durante el tiempo de intervención se ha de respetar el orden constitucional vigente y los derechos humanos de todos los ciudadanos catalanes sean o no independentistas.

La llamada a una reforma constitucional es necesaria y conveniente ante la situación creada.  Yo esperaría, no obstante,  a la restauración del orden para que en dicha comisión preparatoria hubiera representación catalana y de todos los partidos del congreso.

La constitución o es consensuada, o no es una constitución democrática.  Si queremos una España en la que todos nos sintámonos cómodos para los próximos 40 años  debemos tener en cuenta la opinión de todos los actores sociales, políticos y de la ciudadanía en el ejercicio de su soberanía.

En cuanto a las elecciones yo sinceramente no acabo de verlo por el momento. Ahora estaría muy polarizada y al igual que las municipales de 1931, se crearía una sensación de elección plebiscitaria, que a efectos políticos sería como reeditar legalmente el 1-O, cuestión esta que sería rentabilizada por los independentistas a su favor.

Por otra parte supongamos que se celebran y ganan los independentistas con una holgada mayoría de votos y escaños. ¿Qué hace el gobierno de España  entonces? Porque legalmente no puede derribar a las nuevas autoridades electas surgidas de unas teóricas elecciones autonómicas legales.  No me parece factible esta estrategia. No es una buena estrategia en estos momentos.  Yo esperaría a que se calmen las aguas y mientras se debería restaurar el orden social, psicológico y de convivencia en la región.

Vista la correlación de fuerzas políticas catalanas ante unas hipotéticas elecciones autonómicas, en mi opinión y a modo de hipótesis,  la oposición constitucionalista tendría muy pocas posibilidades de obtener el Govern de Cataluña en estos momentos, a menos que suba el voto en el PSC y obtenga la mayoría de escaños Ciudadanos. El PP en este caso, sería el compañero incómodo de viaje (de Ciudadanos) dado que habitualmente no suele tener mucho apoyo en Cataluña y posiblemente sus posibilidades serían aun menores tras el procés. La llave de los constitucionalistas en Cataluña la tiene Ciudadanos.

En el ámbito nacionalista es posible que aumente la bancada de ERC (por aportes de En Comú Podem) y baje la del PDCAT (posible fuga de votos hacia Ciudadanos). La CUP posiblemente desaparecerá o será un grupo minoritario dado el nulo deseo de volver a reeditar la alianza independentista del proces con PDCAT y ERC. Nada, según su propaganda,  justifica ya su presencia en el Parlament.   En Comú Podem (Unidos Podemos) seguirá en su ambigüedad estratégica manteniendo posiblemente los escaños (posible aporte de votos de la CUP) aunque más escorado en esta nueva etapa hacia una posible alianza con ERC en busca de réditos políticos en el Congreso.

Aunque los constitucionalistas no ganasen el Govern, las tesis secesionistas se irán desinflando, salvo en la CUP que volverán a las calles como movimiento socio-político abandonando progresivamente la vía de partido. Las tesis catalanistas políticas regresarán posiblemente al punto de partida, reestructurando la relación Estado-Comunidad con políticas favorables a lograr una mayor autonomía para Cataluña (posiblemente por la vía federal)  en la futura comisión de reforma constitucional.

Por ahora el patio está revuelto y es difícil  tener clarividencia de lo que va a suceder. Todo son conjeturas e hipótesis, pero mientras tanto tenemos  a una comunidad autónoma paralizada institucionalmente, bloqueada políticamente, económicamente en caída libre y socialmente fracturada sine die.


Es fácil buscar culpables, lo difícil es buscar soluciones. Continuará…

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