La Constitución Española de 1978. I: Economía y sociedad
Hoy muchos políticos discuten
sobre una iniciativa surgida en 1975, refrendada en 1977, materializada y refrendada
de nuevo en diciembre de 1978. La Constitución entró en vigor el día 1 de enero
de 1979 (día siguiente a la Publicación en el B.O.E.)
Entre 1975 y 1979 España vivió
unos intensos años en el ámbito político y económico. La descomposición del régimen autocrático del
general Franco se observaba ya desde los años 60. Una nueva generación se
sentía desvinculada con los acontecimientos de 1936. La
apertura económico-comercial del régimen hacia el exterior a partir de la
década de 1950 había creado esperanzas de cambio en una joven generación que
deseaba vivir como europeos o norteamericanos. Vivir en Libertad y con un
régimen democrático.
La muerte natural de Franco en
1975 facilitó la acción de los partidos políticos (asociaciones políticas en el
argot del régimen) favorables a una apertura política del régimen franquista.
Por otra parte las fuerzas políticas del exilio comenzaban a desarrollar
plataformas para promover un cambio de régimen político en España. Un cambio
que pasaba por superar la división y promover la convivencia entre
españoles. La confluencia transversal de
estas iniciativas dio lugar a un tiempo de encuentro, de análisis y de
actuaciones conjuntas entre antiguos enemigos.
S.M. El rey Juan Carlos I, la
clase política favorable a la democracia, la sociedad civil encantada con la
idea, se conjuraron para construir un proyecto común llamado España. El diálogo y el consenso debían ser las
herramientas. El acuerdo y el pacto el resultado de su actividad. Los partidos políticos debían canalizar la
voluntad manifestada y/o expresada por el pueblo español. La nación española
como depositaria y titular de la soberanía
tenía el derecho y el deber de establecer el marco normativo que
regulase el destino de España.
Los ideales constructivos y
positivos implicaban un cambio de rumbo. En esos años aun no se veía el futuro;
España salía de una dictadura y se encaminaba hacia un modelo democrático. No era fácil y muchos fueron los obstáculos
para conseguirlo. Para evitar la ruptura en el debate constitucional se optó
por alejar de la conversación a las fuerzas más extrema del abanico político de
aquella época (a los franquistas y a los comunistas). Ambas fuerzas deseaban el
fracaso de aquel debate.
Las fuerzas centristas
(aperturistas del régimen y exiliados moderados) trataron de buscar un espacio
común para poner los cimientos del régimen democrático. El Preámbulo y el
Título I de la Constitución de 1978 constituyen
los cimientos sobre los que acabó construyéndose todo el
articulado de la constitución.
Los “padres de la constitución” entendieron que la “soberanía” debería
recaer sobre el pueblo o nación española, su titular natural. Por tanto la voluntad del pueblo soberano
debía respetarse y debía ser la columna vertebral de todo el compendio jurídico
constitucional.
Extrayendo algunos elementos
clave, se puede entender esta base teórica y jurídica constitucional:
Preámbulo:
-
“Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de
las leyes conforme a un orden económico y social justo”
La idea de “convivencia
democrática” era parte del ideal de cambio de régimen al que aspiraron los
redactores de la constitución. La idea de un “orden económico y social justo”
era casi una utopía en aquellos años,
pero consideraron que hacia dicho orden habría de encaminarse.
La “convivencia democrática”
tenía que ver en este periodo histórico con la reunificación social de los
españoles tras cuarenta años de división a causa de la Guerra Civil
(1936-1939/45). Los españoles del “interior” y los del “exterior”
debían volver a ser un único pueblo o nación. Tras superar esta división los españoles
debían evitar conflictos entre ellos en el futuro.
La segunda cuestión, quizás la
que mas debate generó fue en torno a la idea de crear un “orden económico y
social justo”. ¿Qué entendían los españoles de aquel momento por dicho
orden?
Los que vivieron en el “interior” estaban acostumbrados a una planificación
estatal rígida que determinaba el orden en el que los recursos del país debían
distribuirse y también a quien entregarse.
Es decir el sistema de clases sociales regía en el régimen anterior a
modo de castas sociales. En este sistema
asimétrico, la economía era favorable a las clases dirigentes y acomodadas;
perjudiciales para las clases trabajadoras y personas dependientes (las llamadas
“clases pasivas”).
Los que provenían del “exterior”
habían conocido en sus países de acogida un capitalismo regido por ideologías
democráticas (cristiano - demócrata y social – demócrata) que apostaban
por un capitalismo empresarial controlado en mayor o menor medida por el estado. Una política económica que ponía el acento en
el bienestar social y en la política social. Por otra parte ya se habían creado la Comunidad
Económica Europea (hoy Unión Europea) y había muchas esperanzas puestas
en la entrada de España en dicha
comunidad.
Así la derecha aperturista apostó
por un centrismo cristiano-demócrata acorde con el “franquismo sociológico”
que algunos políticos conservadores y
Liberales (Manuel Fraga Iribarne) comenzaron a publicitar en estos años. La
izquierda moderada apostó por un centrismo social-demócrata acorde con la línea
marcada en estos años por el PSOE (En el Congreso de Suresnes de 1974 el
PSOE se desvinculó del marxismo).
La convergencia de las dos
posturas centristas y proto democráticas dio lugar a un experimento único y en
este caso exitoso en relación al logro de sacar adelante la reforma política del
régimen franquista que dio paso al régimen constitucional de 1978. Ese
experimento se materializó en la Unión de Centro Democrático liderada
por Adolfo Suarez, presidente designado por el rey para liderar un gobierno de
transición (1976-1979) y primer presidente electo del régimen constitucional
(1979-1981).
Para este centrismo el orden
debía surgir de la voluntad del pueblo español y materializarse en una
convivencia social, política, cultural y económica acordada y consensuada.
Para asegurar esta convivencia
los políticos de la época idearon un nuevo sistema de partidos políticos para
canalizar el pluralismo político y garantizar las libertades de los ciudadanos.
Los partidos debían ser un “instrumento
fundamental para la participación política” de los ciudadanos.
Las “Cortes Generales”
deberían representar al pueblo español y a sus territorios. El sistema de
composición de dichas cortes había de ajustarse a la voluntad de la nación
expresada y manifestada en las urnas. Al contrario que las cortes franquistas,
en esta ocasión decidieron restablecer un régimen parlamentario democrático. El
sufragio universal directo y secreto se impuso como forma de elegir a los
diputados y senadores.
La provincia quedó como
circunscripción electoral, dotando a cada una de ellas de un número determinado
de diputados y senadores en función de la población residente. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla fueron la
excepción a la regla debido a cuestiones particulares de su insularidad y/o a
causa de su carácter fronterizo y estatus jurídico especial.
Se planteaba con este sistema
parlamentario pluripartidista la convivencia entre españoles. Las rivalidades
se manifestarían de forma pacífica y política en el ámbito del parlamento y los
debates políticos. Se excluía de esta previsión constitucional el uso de la
violencia en la política. Esta previsión
llevaba aparejada la idea de eliminar cualquier intento de crear milicias armadas
en el seno de los partidos políticos (esta fue una norma no escrita, pero
aceptada por todos). Se quería evitar una situación similar a la de los años
30.
- “Promover el progreso de la
cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
La segunda parte tenía que ver
con la primera. Si se quería conjurar la conflictividad y la división había que
ponerse las pilas y promover el progreso tanto de la cultura (con la educación
aparejada) como de la economía (con la
cuestión social de fondo).
El nivel educativo y cultural de
aquella época era alarmante. El analfabetismo endémico aun continuaba
estableciendo índices impropios de una sociedad avanzada. España tenía uno de
los porcentajes de analfabetismo más altos de Europa. Nuestro nivel cultural
era similar al de una sociedad subdesarrollada. La investigación científica estaba aun en un estado
larvario. España estaba necesitada de moderna infraestructura científica y tecnológica.
España era aun un país subdesarrollado.
En cuanto a la economía, España
atravesaba desde el principio de los años 70 una brutal crisis a consecuencia
del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 1971, de los numerosos escándalos
empresariales y políticos de aquella década y de la crisis energética global de
1973. La economía española había dejado de generar riqueza y una política económica
errática había provocado que España tuviera más gastos que ingresos. La deuda pública creciente y la inflación desbocada
provocaron una situación próxima a la bancarrota.
España necesitaba dos cosas
fundamentales: Cambiar el modelo económico y financiero por una parte y por
otra ingresar cuanto antes en la Comunidad Económica Europea para obtener
fondos estructurales adicionales que permitiesen el saneamiento de la economía
y permitiese la recuperación económica.
En el primer caso se optó por llegar a un
pacto entre las fuerzas política para acometer estos dos objetivos. Los “pactos
de la Moncloa” supusieron a posteriori la clave para entender la
recuperación económica y el crecimiento posterior de la década de 1980 en la
economía española. En 1985 España entro
a formar parte de la Comunidad Económica Europea, obteniendo con ello fondos
estructurales que dieron forma y ayudaron a construir el nuevo modelo económico
y financiero español.
Volvamos a la constitución para
resaltar el concepto de “una digna calidad de vida”. ¿Qué se entendía
por tal?
En esa época el consumismo había
arraigado en España. Los españoles querían las mismas cosas que tenían los norteamericanos
y los europeos. Querían una mejor casa,
un mejor coche, modernos electrodomésticos como: la lavadora, el frigorífico,
el lavaplatos o la televisión “en color”. Cosas que en aquel tiempo valían mucho dinero
y que muy pocos podían permitirse tener.
Pero además de cosas, también
querían servicios: Querían mejores colegios e institutos para sus hijos;
querían buenos hospitales y un servicio de salud universal y gratuita; querían
atención preferente a los dependientes, mayores y niños; querían mayor protección
y ayudas a las familias; querían parques y jardines donde disfrutar del medio
ambiente; querían programas culturales de alto nivel accesibles a todos.
Pero fundamentalmente las mayores
reivindicaciones provenían del mercado de trabajo. Junto a la protección social antes descrita
en términos populares, buscaban
cuestiones básicas como la protección en el trabajo ante los accidentes
laborarles; querían una Seguridad Social justa y acorde con las necesidades de
los trabajadores; mejor seguro de desempleo y de cobertura social en casos
especiales. Querían también mayor protección y garantía de derechos para los
trabajadores expatriados. Mejores salarios acordes con el coste de la vida y
con tener una vida digna. Mejor fiscalidad y mejores pensiones.
La vida digna era considerada
como el culmen del proceso democrático. En realidad era alcanzar lo que por
entonces no se tenía, el mismo nivel de vida que disfrutaban los europeos. Querían un sistema político que pusiera el
acento en las necesidades de la gente, en el interés general del país. La constitución está llena de referencias a
este bienestar social al que aspiraban los ciudadanos.
Véase simplemente el capitulo III
(Título I) de la constitución para hacerse una idea de lo que aspiraban en 1978
los ciudadanos españoles. Al igual que recomiendo la lectura del título VII
dedicada al modelo económico previsto para el nuevo régimen democrático.
Destaco el art. 128.1 del Título
VII de la Constitución: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y
sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general”.
“Sea cual sea la titularidad”,
es decir sea pública o privada. La riqueza
del país es teóricamente propiedad de los españoles en su conjunto. El
usufructo de dicha riqueza corresponde tanto a las instituciones públicas; como
a las entidades o personas físicas en el ámbito privado. Esta idea no es nueva ya viene de antiguo.
En el régimen medieval el “Soberano”
que era el monarca absoluto, era el titular o propietario de todo el
territorio y de toda la riqueza que poseía
en su patrimonio personal (= país). En
el régimen contemporáneo el “Soberano” es el pueblo o nación, en este
caso el pueblo español. Por tanto el pueblo español es el dueño o propietario
de toda la riqueza que genere el país.
El usufructo de los bienes
patrimoniales que constituye la riqueza del país está definido en la constitución de 1978. Se
reconoce en la misma tanto la iniciativa pública como la privada. En el sistema
mixto englobado dentro del modelo capitalista europeo-occidental, la riqueza
del país es aprovechada por todos los ciudadanos de forma asimétrica, bien directamente;
bien indirectamente.
Al ser un usufructo, el titular
de los derechos sobre la riqueza total del país, el pueblo soberano, debe marcar la pauta a seguir, expresando
nuevamente su voluntad, manifestándola directamente o a
través de los representantes políticos, de los agentes sociales o a través del
asociacionismo. Las instituciones públicas, los partidos políticos, sindicatos
y asociaciones se encargan de canalizar dicha voluntad popular.
Los gobiernos a la hora de
presupuestar o de establecer normas jurídicas en este ámbito deberán ajustarse: 1º) a la voluntad general
del pueblo español; 2º) al interés general del país y de sus ciudadanos. En ningún
caso deben atentar contra el bienestar social o contra la dignidad de los
españoles. La política económica está siempre y en todo caso subordinada al
interés general de los españoles. Ningún gobierno debería atentar contra estos
principios rectores de la economía española.
En un sistema capitalista actual es
frecuente que el mundo empresarial trate de dirigir u orientar la política económica
estatal o regional en función de sus intereses particulares. Muchas organizaciones internacionales del
mundo empresarial, bancario o financiero tratan en ocasiones de cambiar las
regulaciones estatales para dar mas poder a la empresa o a grupos de presión
internacionales.
Los gobiernos españoles deberían
poner limitaciones a estas malas intenciones procedentes de estas
organizaciones de dudosa legitimidad democrática. Atender a sus requerimientos
incondicionalmente, podría entenderse como un atentado contra el estado de
bienestar requerido por el pueblo español y expresado en nuestra constitución.
Al dar mas poder a la empresa, la economía española puede desequilibrarse
y poner en peligro el bienestar social, es decir atentar contra el interés
general. El Estado tiene la obligación constitucional
de limitarlo (atender al interés general) para garantizar los derechos
constitucionales, sociales, políticos y laborales de los españoles.
Planificar la economía (reparto
de la riqueza) en un estado democrático y moderno es bastante complicado porque
muchos son los elementos que intervienen en la ecuación. La cuestión básica se centra en qué queremos hacer
con la riqueza del país, a qué lo vamos a dedicar. Para unos lo importante es reducir gastos de
conceptos deficitarios como la educación, sanidad, o dependencia por ejemplo y
dar más dinero a los conceptos más rentables. Para otros lo importante es
recaudar más (subir impuestos) para tener solvencia financiera y liquidez en
las cuentas públicas. De esta manera se podría financiar el bienestar social sin problemas añadidos.
La cuestión económica y social
fue la que mas debates generó en la redacción de la constitución de 1978. Hoy
treinta y ocho años después de su aprobación este debate sigue siendo noticia de
portada en la mayor parte de los medios de comunicación. Es en este punto constitucional donde menos
acuerdos ha habido y donde menos se han fijado los políticos en el momento de
desarrollar su política económica y social.
La década de los 80 dominada por
la política económica del PSOE en el gobierno, fue muy fructífera debido a
varios factores: por una parte el ciclo económico general en la zona europea
era de crecimiento económico, lo cual fue hábilmente aprovechado positivamente
para mejorar las infraestructuras pendientes y sanear la economía a nivel
general; por otra al haberse pactado la salida de la crisis y al existir un
cierto eticismo en el momento de definir y desarrollar la nueva política económica
española conforme a las previsiones constitucionales, la actividad económica inicial
fue equilibrada entre la iniciativa pública y la privada.
España logró a finales de los 80,
sobre todo a partir de 1985 (entrada en la CEE), superar los niveles de
desarrollo aupándose como cuarta potencia en el conjunto de la CEE. España era
ahora un país rico y desarrollado.
Sin embargo cierto relajamiento
en los controles y la tendencia gubernamental a favorecer al sector privado
facilitó la aparición nuevamente de la corrupción política asociada fundamentalmente
al sector inmobiliario y de la construcción.
La burbuja inmobiliaria comenzó a
crecer generando algunas consecuencias negativas: Los empresarios y banqueros
se enriquecieron; los políticos a nivel local
mejoraron su imagen pública y su prestigio personal (también su
bolsillo); pero también provocó efectos negativos endeudando a familias enteras
que se hipotecaron de por vida y
empobreciendo a las empresas proveedoras auxiliares de este sector que no
recibieron su remuneración por trabajos realizados. Otro efecto tuvo que ver con el alza de
precios de viviendas de forma artificial, proyectos de obra registrados pero nunca realizados, etc…
En los años 90 comenzaron a
saltar a la luz pública los primeros casos de corrupción política y fraudes
empresariales de gran cuantía. Aquella corrupción hizo caer al último gobierno
de Felipe González (PSOE). A partir de su caída y hasta el momento presente
aquella corrupción fue en aumento y sin
control. El paso de los gobiernos del PP
no creó el clima propicio para acabar o poner freno a la corrupción. Muchos de los implicados en las tramas
corruptas eran miembros destacados tanto del PSOE como del PP. El “clientelismo,
el favoritismo, el enchufismo” endémico en estos partidos, impedía adoptar
medidas contundentes contra los corruptos. Eran demasiados los intereses en
juego.
Recientemente y a la luz de los
casos investigados se pudo comprobar el alcance y el modus operandi de
estas mafias políticas y empresariales.
Ante esta situación, nuevas fuerzas políticas tratan hoy de poner fin a
estas prácticas, las cuales son de entrada antidemocráticas y
anticonstitucionales. Además de injustas y dañinas para los ciudadanos españoles
honrados.
Las prácticas oligárquicas deberían
ser erradicadas en España. Los lobbies empresariales y políticos deberán ser controlados
por una autoridad independiente. La reforma del poder judicial se impone
para mantener la idea de la separación
de poderes y que estas prácticas oligárquicas y corruptas desaparezcan de una
vez.
Profundizar en la Constitución,
desarrollar artículos que no han sido tocados desde que se escribió, modificar
o incluir otros para hacerlos coincidir con la realidad actual o eliminar los
que claramente son impracticables o tóxicos para el sistema, serían algunas de
las ideas que muchos proponemos para la reforma constitucional.
La Constitución da en muchos
casos la clave para avanzar en la democracia. Es aún un texto útil para el
desarrollo del país. Eliminarla del todo o sustituirla no sería a mi parecer
aconsejable. Pero si reformarla para actualizarla. Han pasado casi cuarenta años
desde su promulgación. Es hora ya de actualizarla pero dentro de las
previsiones constitucionales y dentro de la normalidad democrática. Acuerdo,
dialogo y consenso como el mostrado por la clase política y la sociedad civil
en los setenta.
Finalmente recomiendo la lectura
de la constitución a todos los españoles que nos consideramos demócratas. Es nuestra ley fundamental, de la que emana
todo el ordenamiento jurídico español.
España es hoy una democracia porque en 1978 así lo decidieron los españoles. Corresponde a los españoles decidir su
presente y su futuro. Es su derecho y también su deber constitucional.
Defendamos la democracia en España por el bien de todos.
Claves para entender la democracia en España.
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