Bandera a media asta

La semana que viene el PSOE y otros grupos políticos del Congreso de los Diputados van a registrar una pregunta a la Ministra de Defensa acerca de la orden dada en el ministerio para que las banderas de acuartelamientos y edificios ministeriales ondeen a media asta desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. 

Personalmente la ampliaría a otros ministerios y también pediría la comparecencia del Presidente de la Federación de Municipios y Provincias  dado que hemos podido comprobar cómo las banderas en muchas ciudades ondearon a media asta.

La argumentación esperada se fundamentará seguramente en la tradición arraigada en la sociedad en señal de respeto por la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz.  La argumentación contraria y motivadora de esta pregunta será que España ya no es un estado confesional, lo cual también es cierto.  

En el primer caso, el gobierno podría justificar esta bajada de bandera como un elemento estético más en la peculiar escenografía cofrade y de Pasión, entendiendo la Semana Santa como un evento cultural relevante y de interés turístico. En este sentido es competencia de los  poderes públicos preservar y fomentar la cultura patrimonial de nuestros pueblos y ciudades.

Ahora bien, si la justificación se fundamenta únicamente en la tradición religiosa de la Iglesia Católica en España, las argumentaciones en contra estarían más justificadas que las del gobierno. España ya no es un estado confesional y por tanto la  religión forma parte de la vida privada de los ciudadanos, no es una competencia del Estado; por tanto, el Estado debería inhibirse de estos actos religiosos mostrándose neutral en un marco jurídico neutral de libertad religiosa, de culto y de conciencia.

La costumbre de bajar a media asta la bandera se produce como consecuencia de un grave incidente o cuando las disposiciones legales así lo determinen. La bajada de una bandera es un acto oficial regulado por una ley que regula el uso de las banderas oficiales (Ley 31/1981 de 28 de octubre y  RD 645/2003 de 27 de mayo). Generalmente se dispone la bandera de esta forma en señal de luto o duelo por alguien relevante que ha fallecido; o como en el caso de graves atentados terroristas, en los funerales oficiales.  En el caso de los ayuntamientos la medida puede ser acordada en el Pleno del Ayuntamiento.

La separación Iglesia-Estado, que tantos titulares dio en plena transición, parece no haberse consolidado en el tiempo. Perviven en la memoria colectiva muchos elementos del anterior régimen que, por desgracia,  aun no han desaparecido.  Esta realidad subyace en este debate vexilológico.

Hay una nueva generación que pide paso y la generación que nació en los albores de la transición ha llegado ya a la madurez. Los protagonistas de la transición llegan ya a la edad dorada. Ambas generaciones (nueva y madura), por lo general, no se muestran identificadas con los principios y valores de la transición. 

Los que nacimos en la transición nos sentimos defraudados por el resultado obtenido cuarenta años después.  Estamos de acuerdo en lo esencial: la democracia es hoy el mejor sistema político para asegurar la convivencia social en paz. La paz es necesaria para el desarrollo de los pueblos y el pacto o consenso es necesario para evitar los fanatismos y extremismos destructores.  

 Pero no estamos de acuerdo con muchas otras cosas que nos inculcaron o adoctrinaron siendo menores. 

No estamos de acuerdo con la actual forma de capitalismo corporativo, agresivo y destructivo. Muchos pensamos que el comunismo clásico (escuela estalinista) o el populismo poscomunista (democracia social revolucionaria) sean la solución o la alternativa al capitalismo.

 No estamos de acuerdo con las ideologías alienantes y dominadoras (ya sean conservadoras o progresistas). Declaramos la guerra al corrupto y al corruptor (sean quienes sean). No estamos de acuerdo con el autoritarismo, fanatismo ideológico y el guerracivilismo que muchos partidos fomentan entre sus militantes.  No estamos de acuerdo con la intolerancia, la xenofobia, la LGTBfobia o el racismo. No estamos de acuerdo con las desigualdades territoriales, económicas, sociales y de género.  Creemos en la libertad religiosa; pero también en la libertad de conciencia. Creemos en las personas conforme establecen los derechos humanos y civiles. Creemos en el concepto amplio y pleno de la libertad.  

Las nuevas generaciones asisten al derrumbe de la cultura de la transición como ruidosos espectadores, con más fachada que argumentos sólidos.   Al igual que los regeneracionistas de principios del siglo XX,  se muestran vitalistas, emprendedores, se sienten fuertes para proclamar la democracia directa, sin intermediarios, activistas impulsados por un deseo colectivo de cambio. En eso también se parecen a los forjadores de la transición. Pero se diferencian en el hecho que desean pasar de un modelo democrático a otro. Los pioneros de la transición abrían el debate entre dictadura o democracia.  Hoy el debate es entre el modelo representativo o el modelo de acción directa. 

Los partidos políticos y los políticos están siendo cuestionados de manera negativa en el sentido que se les hace responsable de la debacle, el chivo expiatorio de todos los males de este país. Los sindicatos han pasado de nuevo a la clandestinidad debido a su nula visión de los cambios y a su alta alienación ideológica de sus proclamas.

El 15 - M dijo no a la ideología alienante y no al bipartidismo clásico. Dijo no a la manipulación progandista, ideológica y fanático religiosa.  Muchos proclaman que la ideología ha muerto; lo que ha muerto en realidad es la capacidad intelectual y cognitiva para crear nuevas ideologías, debida en gran parte al deficiente sistema educativo español y a la inexistente cultura democrática en España.  

Debemos empezar a acostumbrarnos en España a asumir cambios de forma periódica. Un país se va construyendo de generación en generación. España desde los albores de su fundación  ha intentado construir formas de estado y de gobiernos diversos. Unas veces los españoles han logrado avances, otras han retrocedido. Ahora se quiere avanzar ahondando en la democracia. Pero como ha ocurrido en el pasado, existen personas que no desean avances; sino que prefieren “lo bueno conocido, que lo malo por descubrir”. Esta siempre ha sido la tónica en España, un debate entre la tradición y la modernidad. Un debate que no siempre se ha hecho en un clima de paz y consenso (tendiendo puentes); muchas veces este debate ha concluido en guerra y conflicto (levantando muros).

Tenemos que buscar el equilibrio y rechazar las posiciones extremas.  Los españoles somos apasionados como Don Quijote; pero también podemos ser cuerdos como el bueno de Sancho Panza.   En este asunto yo optaría por cumplir y hacer cumplir las leyes del Reino de España con normalidad y sin acritud.  No se trata de una campaña anticlerical o “laicista” como algunos de forma intencionada tratarán de manifestar seguramente; sino que se trata de algo tan democrático como exigir explicaciones a quienes nos gobiernan.

La soberanía reside en el pueblo español y por tanto entre los derechos civiles de los ciudadanos, o de sus representantes,  está el cuestionar las decisiones de los gobernantes.  Es un derecho que tienen los españoles reconocidos. Los gobernantes han de acostumbrarse a ser cuestionados, a ser criticados, a ser interpelados, incluso a ser denunciados si así se determina conforme a la ley vigente.   Los gobernantes están al servicio del pueblo; no el pueblo al servicio del gobernante. Esta es una idea que tiene que calar en la conciencia de todos los españoles, en especial aquellos que ocupan cargos públicos.  

La democracia no admite costumbres arraigadas como la de impedir la crítica al gobernante, la de exigir al gobernante que cumpla la ley, la de exigir al gobernante ser decente y ejemplar, la de exigir al gobernante cumplir con sus funciones de manera eficiente y correcta.  Las cuestiones, el ideario o las creencias personales de las autoridades públicas  deben quedar en el ámbito privado de la autoridad. Públicamente deben someterse al dictado de las leyes y al respeto debido a los ciudadanos (a todos sin excepción, no a una parte)  Ni es positivo sacralizar la política; ni es bueno politizar la religión.  

Tenemos que acostumbrarnos a separar el ámbito político de la religión si queremos profundizar en la democracia.  Evitaremos también así el fanatismo político - religioso y la ideología extrema del guerracivilismo que en muchos casos nos impide avanzar.