¿Hay o no hay dinero en España? Más de 160.000 millones de Euros españoles se encuentran en “paraísos fiscales”.

Según un artículo de Javier Tahiri en el suplemento “ABC Empresa” (Diario ABC de Madrid, ed. 15 de marzo de 2015) existen 160.000 millones de Euros de origen español en entidades ubicadas en países de baja tributación, o lo que es lo mismo en “Paraísos fiscales”. De los cuales 80.000 millones de Euros están en cuentas bancarias de Suiza.

Si tomamos como referencia  los ingresos totales del estado previstos en el presupuesto de 2014, estos suman  grosso modo 130.000 millones de Euros.  De los cuales el  97 % procede de impuestos y tasas. Imagínense cuanto recaudaría el Estado si se tributara en España los 160.000 millones de Euros que se  encuentran fuera.

La “Lista Falciani” estima en unos 705 las personas/sociedades españolas presuntamente defraudadoras  con el fisco.  Muchos de los cuales presuntamente se han acogido a la “regularización” que emprendió el Gobierno de España (más conocida como la  “amnistía fiscal” de C. Montoro). Muchas son personas vinculadas con el poder político y económico de España; muchas otras tienen fuertes vínculos con el sector financiero internacional.

Muchos de estos defraudadores han utilizado presuntamente sus cargos públicos para lucrarse personalmente o para acaparar riquezas a manos llenas. Al no poder  justificarlas tributariamente, depositaron presuntamente sus riquezas sustraídas en bancos ubicados en los famosos “paraísos fiscales” a través de entramados societarios, intermediarios, etc. Lo escandaloso es que parte de esa riqueza es propiedad de los ciudadanos, es dinero público.

La sustracción de dinero público afecta aun hoy a la capacidad del Estado para financiarse. Con menos dinero, los servicios públicos se resienten, al igual que la gestión en las Administraciones Públicas.  La inversión pública se reduce hasta casi desaparecer y los ciudadanos pierden en bienestar, derechos y calidad de vida.  Ante esta tesitura, el Gobierno de España ha tenido que acudir al endeudamiento para cubrir el “agujero negro” dejado en su mayor parte por estos presuntos defraudadores.

 El artículo 31.1  de la Constitución Española de 1978 dice textualmente “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Según este principio, los defraudadores son ciudadanos que se han salido o movido en los límites constitucionales. Han optado por no contribuir solidariamente al  mantenimiento del Estado, generando con ello un gran perjuicio al resto de ciudadanos contribuyentes.

La igualdad y progresividad ha ido degradándose a lo largo  del tiempo, no todos los contribuyentes tributan de la misma manera. Hecha la ley, hecha la trampa como suele decirse. La picaresca tan española sigue estando activa en la actualidad.

  

El que más tiene, generalmente no tributa más como debería ser;   si los impuestos han de ser progresivos como manda la constitución. Sin embargo, el que menos tiene paga mucho más que el que más tiene; lo cual entra en franca contradicción con el mandato constitucional.  Las sucesivas “reformas fiscales”  no  se han hecho conforme al espíritu solidario de la constitución; sino más bien responden a intereses de partido o ideología, o bien a intereses de lobbies sectoriales.

Ante esta realidad de saqueo continuo, con la que nos desayunamos cada día, convendría hacer un gran pacto de estado sobre la financiación en España. Un pacto “sin adjetivos y sin siglas”. Los españoles somos los titulares de la soberanía – los dueños teóricos del país - y por tanto somos los que debemos construir nuestro sistema financiero y económico común, es nuestro derecho; pero también nuestro deber. No se debe imponer un modelo uniforme; sino ver en la pluralidad de los sistemas existentes aquellos aspectos que mejor respondan al “interés general”  y a los criterios de “igualdad”  y “progresividad” que figura en el espíritu de nuestra constitución.

Mi planteamiento es de rechazo ético hacia una política económica y financiera que apuesta principalmente por desmantelar o desarmar el estado del bienestar en base a una teoría mediante la cual mantenerlo cuesta mucho dinero a los españoles.

Desde una perspectiva ideológica este argumento me recuerda al lema tradicional  propio de la gran familia “liberal” del siglo XIX. El cual afirma que es posible obtener un mayor beneficio si los costes de producción son mínimos.  En el siglo XIX eran los dueños de las fábricas y grandes propietarios los que salían más beneficiados; los trabajadores los que padecían en sus condiciones laborales y de vida la reducción de los costes. La cuestión que me asalta es determinar ¿Quiénes serán hoy los receptores de esos beneficios obtenidos y quiénes padecerán la reducción de los costes de producción? 

La cuestión básica, para terminar, es determinar que modelo económico y financiero queremos para nuestro país. Si queremos avanzar en la democracia, en la solidaridad, en la igualdad, en el progreso de nuestro país; si queremos que nadie se quede en el camino o que muera en el intento, debemos apostar sin duda por soluciones diferentes hasta las ahora propuestas por los diferentes gobiernos que han pasado por “La Moncloa”.  

Nos corresponde a los españoles - según nuestra constitución (Art. 1.2.) - decidir como soberanos y como teóricos propietarios del país.