La matanza de Jesuitas en El Salvador: 30ª aniversario

El 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, San Salvador, El Salvador) siete personas fueron acribillados frente a un pelotón de fusilamiento formado por el batallón Atlactl perteneciente a las Fuerzas Armadas de El Salvador. La orden provino presuntamente del presidente de El Salvador en turno Alfredo Félix Cristiani. 

Seis jesuitas, encabezados por el padre Ignacio Ellacuría s. j. murieron en la matanza.  Sus muertes marcaron a la Iglesia Católica, tanto en El Salvador, como en el mundo católico universal. 

La Republica de El Salvador fue reconocido como estado soberano e independiente el 22 de noviembre de 1824 (como Estado federado dentro de la República Federal de Centroamérica). Durante toda su singladura histórica fueron muchos los intentos de EE. UU. Por controlar la economía salvadoreña (basada principalmente en el cultivo de café) y a su clase política, fomentando gobiernos conservadores o liberales.  

Frente a los intentos de “neo colonización” norteamericana la oposición de izquierdas comenzó a organizarse en sindicatos y partidos políticos. El líder indiscutible de los “revolucionarios” ya en el siglo XX fue el abogado Agustín Farabundo Martí (1893-1932). En el contexto iberoamericano la izquierda siempre estuvo representada por las clases bajas y por los lideres tribales de los pueblos originarios. En cambio, las clases dirigentes eran siempre los terratenientes y los propietarios de las grandes explotaciones agropecuarias. La brecha entre ricos y pobres siempre fue abismal, como veremos en el punto cuarto. La “lucha de clases” estaba en el orden del día. 

En 1979 el gobierno de Carlos Humberto Romero Mena (mandato: 1977-1979) fue derrocado por un golpe de estado de signo revolucionario. La política de Carlos H. Romero era favorable al intervencionismo de Estados Unidos y su política estaba vinculada a los intereses de las clases altas, de los terratenientes, llevó al país a una dictadura de facto.

Su derrocamiento por el golpe de estado provocó el inicio de la Guerra Civil de El Salvador (1979-1992). El ejercito formó la “Fuerza Armada de El Salvador” (FAES), financiada y apoyada militarmente por EE. UU. En 1980, la izquierda política liderada por el Partido Comunista Salvadoreño formó el “Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional” (en activo desde 1980. FMLN en adelante) para defender sus intereses y dirigir el esfuerzo de guerra en su territorio. 

Durante la Guerra Civil Salvadoreña, la Iglesia Católica en El Salvador, jugó un papel determinante en el curso de esta. La Compañía de Jesús desde tiempos de la conquista castellana jugo un papel vertebrador en la sociedad salvadoreña. 

Desde el siglo XIX comenzó a alinearse de manera oficiosa, en el marco de su actividad misionera y evangelizadora e ideario propio, vinculada en especial a la educación y mundo obrero, con las tesis del FMLN.  Oficialmente colaboraban con organizaciones de base en los centros de trabajo o explotaciones, así como en los colegios rurales, nunca se integraron formalmente en el FMLN, por razones vinculadas con el código de derecho canónico y por las relaciones iglesia-estado con los gobiernos de El Salvador. 

Tras el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia católica inició un proceso de aperturismo de la iglesia hacia el ámbito pastoral, misionero y evangelizador. En Iberoamérica eso se tradujo en una apuesta por la integración de los religiosos y laicos cristianos en las “comunidades de base”. El mundo del trabajo, el reconocimiento de derechos de los pueblos originales, la justicia social y la reforma agraria fueron algunos de los ámbitos en los cuales la Compañía de Jesús (dominante en El Salvador) trabajó durante aquellos años. En la década anterior había surgido la “Teología de la Liberación” en el seno de la UCA y en la Compañía de Jesús. 

Dada la vinculación a nivel de calle de los jesuitas con los sectores poblacionales mas pobres y marginados, con los campesinos, hubo una cierta asimilación de las doctrinas del FMLN con los objetivos doctrinales (“teología de la liberación”) de la Compañía de Jesús. 

El resultado fue la formación de grupos autónomos de jesuitas, que interpretaron el contenido de esta nueva doctrina teológica, en clave revolucionaria marxista (vieron sintonía entre el mensaje evangélico y las doctrinas marxistas). Muchos misioneros optaron por defender a los comuneros y campesinos frente a los terratenientes. Algunos incluso actuaron con armas en los ataques hacia las FAES, terratenientes, etc.

Lo cual fue duramente condenado por la Iglesia Católica (Pontificado de San Juan Pablo II, 1978-2005). La mayoría de los seguidores de la nueva teología, que no eran partidarios de la lucha armada y veían mas las doctrinas en el ámbito evangelizador basado en políticas de bienestar y asistencia social, se vieron afectados por el giro dramático de los acontecimientos. 

La condena papal empoderó a las FAES (y gobierno de facto afín) a poner en la diana a toda la comunidad jesuita de El Salvador, en especial a la junta directiva de la UCA, presidida por el español Ignacio Ellacuría s. j.  En el contexto de la guerra civil, la comunidad jesuita fue la gran víctima de aquel conflicto.

Entre los días 11 y 15 de noviembre de 1989 llegaron a oídos de los jesuitas la amenaza de muerte contra Mons. Rivera Damas (Arzobispo Metropolitano de San Salvador) y Mons. Rosa Chávez (primer Cardenal de El Salvador, Arzobispo auxiliar de San Salvador, en ese momento prestando servicio en el Seminario de San Salvador). En estos mensajes se afirmaba que Ellacuría era un “Guerrillero” y se amenazaba a toda la comunidad jesuita de la UCA. Los mensajes provenían presuntamente del gobierno (Mauricio Funes y Alfredo Cristiani). 

El 16 de noviembre grupos de militares irrumpen en el Centro Monseñor Romero, incendiándolo y saqueándolo, intentando buscar pruebas de vínculos de los jesuitas con el FMLN (No hallaron ninguna prueba). Después asaltaron los edificios centrales de la UCA, ejecutando a: Ignacio Ellacuría (Rector de la UCA), Ignacio Martín-Baró (vicerrector académico), Segundo Montes (director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA), Juan Ramón Moreno (Biblioteca), Armando López (Profesor de filosofía) y Joaquín López y López (Fundador de la UCA y colaborador), además de dos mujeres (madre e hija: Elba Ramos y Celina Ramos, ambas empleadas de servicio de la UCA). Sus cuerpos acabaron boca abajo en el patio de la UCA. 

La masacre provocó la indignación internacional, con acusaciones en ambas direcciones. No hay que olvidar que la mayor parte de la guerra civil salvadoreña coincide con los años mas duros de la guerra fría. Por lo que el conflicto FAES vs FMLN, se asimilaba al conflicto EE. UU.  Vs URSS. Por lo que las posiciones internacionales se mostraron a favor o en contra de los asesinos y de las víctimas.  

La propia iglesia católica, aunque enfadada por las muertes de religiosos, se vio obligada a mostrar ambigüedad política para evitar que la iglesia fuera señalada como comunista por las FAES y como capitalista por el FMLN. La presencia de jesuitas en el salvador era muy grande por lo que romper relaciones con uno de los dos gobiernos, podía ser aún más devastador para la propia imagen de la iglesia católica. 

La crisis salvadoreña dividió también a la iglesia católica internamente. Los jesuitas implicados en el FMLN provocaron una reacción adversa en la Santa Sede acerca de la validez de la “Teología de la Liberación”, provocando que las políticas vaticanas pasaran a ser más ortodoxas, dogmáticas y dirigidas por organizaciones eclesiales (especialmente el Opus Dei) vinculadas con los sectores sociales más conservadores y tradicionalistas. 

Fue un momento de fuerte pérdida de prestigio de la Compañía de Jesús en lo tocante a su exitosa historia misionera en Iberoamérica y en el mundo. Fueron ellos los que innovaron con nuevos modelos misioneros que no eran agresivos con las culturas originales y basados en el apoyo integral a las “comunidades de base”. Desde entonces ha surgido un conflicto entre sectores “progresistas y conservadores” en la iglesia que en alguna ocasión ha estado a punto de provocar un nuevo cisma. 

En 2009 los familiares de los fallecidos en la masacre de la UCA llevaron a la justicia española el caso, a fin de determinar quienes eran los culpables y autores materiales de los asesinatos. La Audiencia Nacional Española (Juez Eloy Velasco) asumió la competencia para investigar los crímenes, teniendo en cuenta que cinco de los seis jesuitas asesinados eran de nacionalidad española. 

Las investigaciones judiciales identificaron a 18 militares y también a la implicación de Alfredo Cristiani (ex Presidente de El Salvador) en los hechos. En mayo de 2011, el juez Eloy Velasco emitió órdenes de arresto (a través de Interpol) para los 18 militares implicados en el asalto de la UCA.  La Corte Suprema de El Salvador (Tribunal Supremo), se negó a arrestarlos y si dio su localización. Mauricio Funes (Presidente de EL Salvador, implicado presuntamente en el asalto) se negó a entregarlos, les dio refugio en un cuartel salvadoreño.

Nuevas órdenes fueron cursadas desde Madrid sin respuestas, el abogado de los militares hizo caso omiso de las ordenes afirmando desconocimiento de estas.  Hoy en día la causa sigue en la Audiencia Nacional. Los inductores del crimen de la UCA aún siguen en libertad. Estados Unidos intervino también en la causa (dos de los militares implicados eran estadounidenses, lo cual deja clara su implicación en el crimen), complicando el ya complejo proceso judicial. 

La Iglesia Católica en El Salvador quedó tocada por el crimen, provocando problemas contra ella en el ámbito social y político, en especial por los sucesivos gobiernos conservadores e intervenciones norteamericanas en el juicio.  

A nivel de Santa Sede, la “Teología de la Liberación” quedó proscrita hasta finales del pontificado de San Juan Pablo II (1978-2013), cuando fue rehabilitada tras ser reformulada; recuperando peso durante el breve pontificado de Benedicto XVI (2005-1013), sobre todo tras el “Vatileaks” y ampliamente expandida en el actual pontificado de Francisco I (desde 2013), jesuita e iberoamericano.

Ellacuría y sus compañeros/as, aun no siendo canonizados como “Mártires del Siglo XX” por la Iglesia Católica Romana, algo que ya se debería haber producido, si lo han sido por aclamación popular en todo el mundo.  

Ayer 16 de noviembre de 2019, treinta años del crimen, veinte desde el inicio del juicio, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, ha participado en los actos conmemorativos del crimen resaltando que cinco de ellos eran Españoles.  Su recuerdo y homenaje era necesario para no olvidar lo ocurrido. 

El papa Francisco I ha hecho una declaración con motivo de la misma efeméride, adelantando que está próxima la apertura de la causa de canonización como “Mártires del siglo XX” de los seis jesuitas y de las dos empleadas por parte de la Iglesia Católica. La compañía de Jesús ya está iniciando los procesos de canonización de otros “Mártires del Siglo XX” de EL Salvador (Rutilo Grande, asesinado en 1977 y colaborador del ya santo Oscar Romero, canonizado en 2018 por el papa Francisco I).

Solo queda cerrar positivamente la vía judicial. Sólo queda que el Salvador extradite a los acusados, para que el estado de derecho español, en un marco democrático, los juzgue y sean jueces los que dicten la sentencia oportuna. Un crimen de esta naturaleza, un crimen contra la humanidad no debería quedar impune. Estados Unidos debería, desde una perspectiva democrática, reflexionar sobre el papel que tuvo en Iberoamérica durante la década de 1980 y sobre su actuación en este crimen que nunca debió producirse.