Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Tres rosas para recordar el 25 N.

El 25 de noviembre se celebra en todo el mundo, a instancias de la ONU (Resolución 54/134 de la Asamblea General), el día Internacional por la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Esta festividad tuvo su origen en 1981 en la República Dominicana. Tres hermanas fueron torturadas, violadas durante su estancia en la cárcel, donde cumplían condena por delitos políticos contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.  

Tras ser puestas en libertad, el régimen de Trujillo siguió hostigándolas y humillándolas a través del SMI (Servicio de Inteligencia Militar) quienes finalmente fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1981 por orden del dictador. El dictador trató de ocultar su crimen haciendo parecer que murieron en un simple accidente de tráfico. Las tres hermanas ya estaban muertas antes del supuesto accidente.

La ONU insta a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a participar en los múltiples actos que se celebran por todo el mundo en recuerdo de estas tres rosas victimas de la violencia.

A raíz de la resolución de la ONU, los gobiernos democráticos de todo el mundo han profundizado en esta lacra social a través de la legislación, el aumento de penas contra los violentos y la concienciación social. Pero además se ha hecho un grandísimo esfuerzo por acabar contra la violencia de género, aquella que discrimina, maltrata y ataca a la mujer por el simple hecho de ser mujer. La principal violencia de genero es la persistencia en las mentalidades que hacen del machismo y de la misoginia una bandera ideológica o política. La irresponsabilidad de muchos partidos políticos e ideólogos provocan que la conciencia machista y misógina siga existiendo, por desgracia, en la sociedad democrática.

La lucha es multifacética, pero la inmensa mayoría de los actores en la lucha contra la violencia de género afirman que la principal receta es la educación para alcanzar la equidad de género desde edades tempranas. Si un niño ve en su entorno como se maltrata a la mujer, como se la somete, se la humilla, o se la violenta; es muy probable que ese niño de adulto reproduzca lo que ha aprendido en su infancia: las mujeres son inferiores al hombre y el hombre tiene derecho a hacer lo que quiera con la mujer. Por ello es importante que la educación se adecue al principio por el cual las mujeres son seres humanos, que no están ni por encima, ni por debajo del hombre, que son libres y tienen derechos.

Junto a la educación están las medidas legales y la justicia conforme a la ley. Las penas para los maltratadores y agresores han de ser acordes con el daño causado; pero también se debe proteger a la mujer de un hombre maltratador incluso una vez que este hombre ha cumplido su pena. Igualmente han de protegerse los derechos de los menores a su cargo. El estado debe garantizar, amparar y defender los derechos de la mujer.

Los partidos políticos deben hacer una labor de concienciación social y al mismo tiempo de freno a otros partidos que justifican el maltrato y se muestran negacionistas ante la violencia de género. La ley también debería establecer límites a los partidos políticos que no se comportan de manera democrática y justa con las mujeres. La ética democrática en contra de la violencia contra las mujeres debería estar por encima de cualquier debate religioso, social, político o ideológico.

La ONU define la violencia contra la mujer como: “Todo acto de violencia basado en el GENERO que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la Libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea General de Naciones Unidas, 1993)

En España el principal problema que tenemos es la pervivencia de una mentalidad machista en determinados sectores de la población. Cuarenta años después del franquismo aun se mantiene latente en determinados grupos minoritarios de la sociedad la idea del “Macho ibérico o Landismo” por la cual el español estándar tiene que ser machista, dominador y ejercer un sometimiento absoluto hacia la mujer, violento si ésta osa contradecirle, hablar sin autorización o hacer cosas sin su consentimiento.

Promueven el estatus de mujer propio de los años cincuenta del siglo pasado. Una mujer, siempre considerada como menor de edad, sometida a la autoridad superior del marido, padre, hermano o hijos. Una idea tradicionalista, con una moral falsamente católica, que ha pervivido y arraigado en nuestra sociedad pese a los cuarenta años de democracia.

Hoy tanto el gobierno; como la mayoría de los partidos políticos democráticos rechazan la violencia de género con mayor o menor contundencia. Hoy no se pone en cuestión la realidad de los asesinatos, violaciones, humillaciones, vejaciones, agresiones, maltrato hacia las mujeres. La realidad está ahí y no tiene color político o ideológico.  Son víctimas, sin adjetivos, de hombres violentos y machistas.

La mayoría de los partidos políticos democráticos no hacen propaganda con la violencia de género, sino que se suman a los actos de concienciación y transmisión de valores democráticos, junto a otros partidos que se encuentran en sus antípodas ideológicas. Ante esta lacra, la unidad de los partidos es fundamental y determinante.

Aquellos que si quieren hacer propaganda, que tienen afán de protagonismo y que se muestran negacionistas por llevar la contraria al consenso general; o que proponen alternativas, en esencia machistas, a la lucha contra la violencia contra las mujeres, se retratan así mismos como antidemócratas, cobardes, inmorales y malas personas.  Allá ellos y su conciencia. Pero su vil propaganda no va a parar a la mayoría democrática, somos más los que apostamos por erradicar esta lacra, que aquellos que la justifican, blanquean o defienden las violencias contra las mujeres o la pervivencia del machismo. 

Desde sectores ultramontanos o de extrema derecha, se suele hablar con frecuencia de la existencia de una supuesta y conspiratoria “ideología de género”. Usan este supuesto habitualmente como base intelectual para formar sus argumentarios negacionistas. 

La idea surgió en 1990, a raíz de la declaración antes mencionada de la ONU, en el ámbito de los sectores conservadores y/o tradicionalistas de la Iglesia Católica Romana. Basándose en ideas teológicas y filosóficas tradicionalistas, sus promotores consideran que, tras este movimiento contrario a la violencia contra las mujeres, hay un proyecto obscuro o secreto (teoría de la conspiración) que pretende anular la idea destruir el concepto de familia (tradicional, única verdadera) y de la sociedad (la familia tradicional como base en la construcción de una sociedad) en base a un supuesto “orden natural” (Es decir, laico, sin interferencias divinas).

En los sectores conservadores, desde mediados del largo pontificado de san Juan Pablo II (1978-2005), se vino gestando una “contrarreforma” doctrinal para hacer frente a lo que denominan “errores del concilio”. Su “cruzada” es contra la modernidad y el laicismo (al que erróneamente asocian con el ateísmo).  Ven en estos movimientos una amenaza a su particular forma de entender el cristianismo y la iglesia católica.  

Cualquier cosa que altere el modelo estandarizado de familia o de sociedad que no pase por la antigua doctrina social de la Iglesia (previa al concilio Vaticano II) es objeto de ataque por parte de sus modernos “cruzados”. El papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad, la diversa sexualidad humana, el concepto de familia, las nuevas relaciones familiares, los cambios sociales en ámbitos democráticos, son para estos ideólogos una ruptura del “orden moral” de la iglesia, la “destrucción de la sociedad” y una “degradación” de la especie humana.

La influencia de estos grupos “ultracatólicos”, o de católicos excesivamente moralistas o rigoristas, sobre los partidos políticos e ideologías de extrema derecha es muy grande en países de mayoría católica, incluida España. Suelen actuar en la orbita de estos partidos mediante las técnicas de adoctrinamiento masivo tradicionales. Asocian las doctrinas religiosas a los idearios políticos o ideológicos (Sacralización de la política).  En la mayor parte de los casos estos grupos ya han sido desautorizados e incluso condenados por la Santa Sede por ser contrarios a la actual doctrina social.

Hoy la iglesia está comprometida con la justicia social, los derechos civiles y los derechos humanos. Por supuesto está comprometida con los derechos de la mujer, incluso se ha abierto el debate sobre el papel de la mujer en la iglesia, que había sido bloqueado por estos sectores conservadores en los pontificados anteriores al actual.  Oficialmente la iglesia se muestra a favor de la lucha contra la violencia de género (con ese nombre) y en contra del machismo o la misoginia (que se consideran ya inmorales).

La mujer en la sociedad, en la educación, en la cultura, en la religión, en la política o en cualquier ámbito profesional es una ciudadana libre y con derechos. Nadie tiene derecho a violentar a una mujer por el simple hecho de ser mujer o porque no haga lo que quiera el hombre. Son libres para creer, para pensar, para opinar, para expresarse, para actuar y para vivir sin necesidad de pedir permiso a un hombre. Vivimos en el siglo XXI en una democracia social, comportémonos democrática y civilizadamente. No permitamos que, por unos pocos energúmenos inadaptados, desfasados y con ideas arcaicas; mueran de forma violenta mujeres a manos de hombres, ya sean sus maridos, sus familiares, amigos o cualquier otro agresor.

Desde aquí todo mi apoyo a las victimas de la violencia de género (con ese nombre), todo mi amor hacia aquellas “rosas” que dieron su vida por defender su dignidad como mujer